"Social washing" en cadena de suministro: el caso Levi's en los Países Bajos

El caso

El 21 de abril de 2026, la Stichting Schone Kleren Campagne —la oficina neerlandesa de la red Clean Clothes Campaign (CCC), constituida como fundación bajo derecho holandés—¹ presentó una demanda ante los tribunales de los Países Bajos contra Levi Strauss Nederland B.V. y Levi Strauss & Co Europe BV, subsidiarias holandesa y belga respectivamente del grupo Levi Strauss & Co.² La demanda fue interpuesta al amparo del derecho de consumo holandés y cuenta con el apoyo factual y estratégico del Centro de Investigación sobre Empresas Multinacionales (SOMO), que actúa en calidad de apoyo procesal sin ser parte demandante.³

Se suman a la acción cuatro consumidores individuales que adquirieron productos de Levi's basándose en declaraciones públicas de la marca sobre producción responsable y respeto a los derechos laborales, incluida la libertad sindical. La demanda alega que esas declaraciones, difundidas tanto en establecimientos físicos como en plataformas digitales dirigidas al mercado holandés, indujeron a error a los consumidores sobre las condiciones reales existentes en la cadena de suministro de la empresa.²

Es preciso subrayar que el procedimiento se encuentra en una fase procesal inicial. Las alegaciones recogidas en esta nota reflejan la posición de las partes demandantes y las conclusiones de investigaciones externas; los hechos controvertidos y sus consecuencias jurídicas quedan sujetos a la determinación judicial.

Los hechos de fondo: fábrica Özak Tekstil (Turquía)

El origen factual del litigio se sitúa en la planta de Özak Tekstil en la provincia de Şanlıurfa (Turquía), proveedor exclusivo de Levi's en esa ubicación.^5,4 El Worker Rights Consortium (WRC) documentó en su informe de investigación una serie de violaciones graves de la libertad de asociación de los trabajadores, entre ellas:⁵

• Despido masivo: según el informe del WRC, aproximadamente 400 trabajadores fueron despedidos por intentar organizarse sindicalmente con el sindicato BİRTEK-SEN. Esta cifra es la referenciada de forma consistente por las fuentes secundarias consultadas; se recomienda verificarla directamente en el informe primario del WRC.⁵
• Represión física: trabajadores que protestaban pacíficamente fueron sometidos a intimidación verbal y física por parte de fuerzas de seguridad provinciales.⁵
• Arresto y listas negras: varios trabajadores fueron detenidos y posteriormente incluidos en listas de exclusión laboral.⁵
• Sustracción de salarios y beneficios: el WRC documentó impagos de salarios y liquidaciones a los trabajadores afectados.⁵

El WRC calificó lo ocurrido en Şanlıurfa como uno de los casos más graves de vulneración de la libertad de asociación documentados en la industria textil en años recientes. En su informe, concluyó que Özak Tekstil —en algunos casos en connivencia con fuerzas locales militarizadas y un sindicato afín a la dirección— cometió o fue cómplice de violaciones flagrantes de los derechos laborales.⁵

Ante estas circunstancias, Levi's optó por mantener la relación comercial con la fábrica, condicionada a un plan de remediación, sin proceder a la reincorporación de los trabajadores despedidos.^2,5,6 La empresa continuó simultáneamente comunicando a sus consumidores holandeses sus compromisos con la producción responsable y la libertad sindical. En marzo de 2026, tras recibir una carta de requerimiento de CCC y SOMO, Levi's retiró un número significativo de esas declaraciones. La demanda argumenta que la retirada no subsana el perjuicio causado a los consumidores en años anteriores, y que las declaraciones restantes siguen siendo engañosas.^2,3

Por qué este caso importa más allá de Levi's

Este litigio no es relevante porque Levi's carezca de compromisos en materia de derechos humanos. Es relevante precisamente por lo contrario: Levi's cuenta con décadas de trayectoria en ESG, programas laborales consolidados y estándares de cumplimiento de proveedores ampliamente reconocidos en el sector. Que una empresa de ese perfil enfrente una acción judicial de esta naturaleza evidencia que el problema no es la ausencia de programas, sino la brecha entre su diseño formal y su eficacia real cuando se producen violaciones concretas en la cadena de suministro.

Esa brecha —entre la comunicación pública y la realidad documentada— es el núcleo del nuevo riesgo legal al que se enfrentan las empresas en Europa: el social washing como causa de acción ante los tribunales ordinarios, bajo derecho de consumo, accionable no solo por reguladores sino por ciudadanos individuales.²

El contexto regulatorio y litigioso en Europa

El caso Levi's se inscribe en una tendencia más amplia que está convirtiendo a Europa en el epicentro de la litigación corporativa relacionada con derechos humanos y sostenibilidad. Es importante distinguir dos categorías dentro de esta tendencia: la litigación por incumplimiento procedimental de las obligaciones de diligencia debida —como el caso La Poste— y la litigación por alegadas violaciones sustantivas de derechos humanos —como los casos BHP o el propio caso Levi's—. Ambas categorías generan riesgo legal para las empresas, aunque por vías distintas. Entre los desarrollos más relevantes:

• Francia — Loi de Vigilance: el 17 de junio de 2025, la Cour d'appel de París confirmó en apelación la condena de La Poste bajo esta ley, la primera dictada desde su entrada en vigor.⁸ La condena no se refiere a violaciones de derechos humanos en la cadena de suministro, sino a la insuficiencia metodológica de su plan de vigilance de 2021 —calificado por el tribunal como excesivamente genérico e incumplidor de los requisitos del artículo L.225-102-4 del Code de commerce.⁹ Se encuentran activos, entre otros, litigios contra TotalEnergies y Carrefour.
• Reino Unido — caso BHP / presa Fundão: el 14 de noviembre de 2025, el High Court of Justice inglés declaró la responsabilidad de BHP por el colapso de la presa Fundão (Brasil, 2015), bajo derecho ambiental y civil brasileño, en una acción colectiva valorada en hasta £36.000 millones.¹⁰ Es la primera vez que un tribunal británico declara la responsabilidad de una empresa matriz por los actos de una filial extranjera en este contexto.¹¹ En enero de 2026, el tribunal denegó la solicitud de BHP de recurrir la sentencia; en mayo de 2026, el Court of Appeal cerró las vías ordinarias de apelación.¹² El caso pasa a la fase de cuantificación de daños, prevista para octubre de 2026. Prosiguen asimismo los casos contra Shell y Dyson.
• Alemania — LkSG: en mayo de 2024, BİRTEK-SEN presentó una reclamación formal ante las autoridades alemanas contra Levi's, Hugo Boss e Inditex en relación con los mismos hechos de Özak Tekstil.⁶ La implicación simultánea de varias empresas del sector en relación con un mismo proveedor y una misma región geográfica es indicativa de un riesgo sistémico que trasciende la gestión individual de cada empresa: apunta a una estructura de cadena de suministro en la que las condiciones de producción presentan vulnerabilidades estructurales que ningún comprador puede gestionar de forma aislada.
• CS3D post-Ómnibus (UE): la Directiva sobre Diligencia Debida en materia de Sostenibilidad Corporativa, modificada por el paquete Ómnibus I aprobado el 24 de febrero de 2026, mantiene obligaciones de diligencia debida en derechos humanos para grandes empresas con actividad en la UE, con plazo de aplicación para la primera oleada pospuesto al 26 de julio de 2028.¹³

Cinco lecciones prácticas para las empresas

• La coherencia entre comunicación y conducta es hoy un riesgo legal, no solo reputacional. Las declaraciones públicas sobre derechos laborales —en web, etiquetado, publicidad o informes de sostenibilidad— pueden fundar acciones judiciales si existe evidencia de que no reflejan la situación real en la cadena de suministro. Es necesario auditar periódicamente si las comunicaciones externas son sostenibles a la luz de lo que ocurre en proveedores de primer y segundo nivel.
• Mantener una relación comercial con un proveedor en incumplimiento requiere análisis jurídico previo y documentación rigurosa. La decisión de continuar con un proveedor condicionada a un plan de remediación —sin remediar el daño ya causado a las personas afectadas— genera una posición jurídica que debe estar respaldada por asesoramiento legal desde el momento en que el incumplimiento es conocido.
• Los planes de remediación deben centrarse en las personas afectadas, no solo en los procesos. Los estándares internacionales —UNGPs,¹⁴ Directrices de la OCDE¹⁵— establecen que la remediación efectiva debe ser proporcional al daño causado y orientada a quienes lo han sufrido. Un plan que no contempla la reintegración de trabajadores despedidos ni establece métricas verificables de progreso difícilmente resistirá el escrutinio judicial o regulatorio.
• La retirada reactiva de declaraciones no cierra el riesgo. Una vez que existe una brecha documentada entre comunicación y realidad, la respuesta reactiva tiene valor limitado. La gestión preventiva —revisión periódica de las declaraciones públicas frente a la situación verificada en la cadena de suministro— es significativamente más eficaz y menos costosa.^2,3
• La libertad sindical y de asociación es el derecho laboral con mayor exposición litigiosa en Europa en este momento. Los marcos regulatorios europeos, incluida la CS3D,¹³ identifican este derecho como área de atención prioritaria. Las empresas con proveedores en mercados donde este derecho enfrenta riesgos estructurales deben incorporarlo de forma explícita en sus evaluaciones de impacto en derechos humanos (HRIAs) y en sus planes de acción de proveedor.

Posición de Levi's

Levi Strauss & Co. ha señalado en declaraciones públicas que mantiene un compromiso de larga data con entornos de trabajo seguros y productivos, y que toma muy en serio cualquier alegación que afecte a la libertad de asociación. La empresa ha cuestionado explícitamente las conclusiones del informe del WRC, alegando que el documento contiene "omisiones y errores" y que no refleja con precisión los hechos ocurridos en Şanlıurfa.⁷ Levi Strauss & Co. mantiene expresamente que no ha violado sus propias políticas internas en relación con los eventos de Özak Tekstil. A la fecha de publicación de esta nota, la empresa no ha emitido un comunicado oficial específico en respuesta a la demanda holandesa del 21 de abril de 2026, y no se ha fijado aún fecha para la primera vista del procedimiento judicial.