"Social washing" en cadena de suministro: el caso Levi's en los Países Bajos

El caso

El 21 de abril de 2026, la Stichting Schone Kleren Campagne (la oficina neerlandesa de la red Clean Clothes Campaign, constituida como fundación bajo derecho holandés)¹ presentó una demanda ante los tribunales de los Países Bajos contra Levi Strauss Nederland B.V. y Levi Strauss & Co Europe BV, subsidiarias holandesa y belga respectivamente del grupo Levi Strauss & Co.² La demanda fue interpuesta al amparo del derecho de consumo holandés y cuenta con el apoyo factual y estratégico del Centro de Investigación sobre Empresas Multinacionales (SOMO), que actúa en calidad de apoyo procesal sin ser parte demandante.³

Se suman a la acción cuatro consumidores individuales que adquirieron productos de Levi's basándose en declaraciones públicas de la marca sobre producción responsable y respeto a los derechos laborales, incluida la libertad sindical. La demanda alega que esas declaraciones, difundidas tanto en establecimientos físicos como en plataformas digitales dirigidas al mercado holandés, indujeron a error a los consumidores sobre las condiciones reales existentes en la cadena de suministro de la empresa.²

Es preciso subrayar que el procedimiento se encuentra en una fase procesal inicial. Las alegaciones recogidas en esta nota reflejan la posición de las partes demandantes y las conclusiones de investigaciones externas; los hechos controvertidos y sus consecuencias jurídicas quedan sujetos a la determinación judicial.

Los hechos de fondo: fábrica Özak Tekstil (Turquía)

El origen factual del litigio se sitúa en la planta de Özak Tekstil en la provincia de Şanlıurfa (Turquía), proveedor exclusivo de Levi's en esa ubicación.^4,5 El Worker Rights Consortium (WRC) documentó en su informe de investigación una serie de violaciones graves de la libertad de asociación de los trabajadores, entre ellas:⁵

• Despido masivo: según el informe del WRC, aproximadamente 400 trabajadores fueron despedidos en represalia por haberse afiliado al sindicato independiente BİRTEK-SEN.⁵
• Represión física: trabajadores que protestaban pacíficamente fueron sometidos a intimidación verbal y física por parte de fuerzas de seguridad provinciales.⁵
• Arresto y listas negras: varios trabajadores fueron detenidos y posteriormente incluidos en listas de exclusión laboral.⁵
• Sustracción de salarios y beneficios: el WRC documentó impagos de salarios y liquidaciones a los trabajadores afectados.⁵

El WRC calificó lo ocurrido en Şanlıurfa como uno de los casos más graves de vulneración de la libertad de asociación documentados en la industria textil en años recientes. En su informe, concluyó que Özak Global, en algunos casos en connivencia con fuerzas de seguridad provinciales y con un sindicato afín a la dirección, cometió o fue cómplice de violaciones flagrantes de los derechos laborales.⁵ Levi's ha manifestado públicamente que el informe del WRC contiene, a su juicio, omisiones y errores, y ha cuestionado sus conclusiones.⁷

Los demandantes alegan asimismo que Levi's mantuvo la relación comercial con la fábrica, condicionada a un plan de remediación, sin reincorporar a los trabajadores cuyo despido fue documentado en la investigación del WRC,^2,5,6 mientras continuaba comunicando simultáneamente a sus consumidores holandeses sus compromisos con la producción responsable y la libertad sindical. Según las fuentes,³ en marzo de 2026, tras una carta de requerimiento emitida en nombre de CCC y SOMO, Levi's retiró un número significativo de esas declaraciones. La demanda argumenta que la retirada no subsana el perjuicio causado a los consumidores en años anteriores, y que las declaraciones restantes son, a juicio de los demandantes, igualmente engañosas.^2,3

Por qué este caso importa más allá de Levi's

La relevancia de este litigio no reside en una eventual ausencia de compromisos de Levi's en materia de derechos humanos, sino en lo contrario: la compañía cuenta con décadas de trayectoria en ESG, programas laborales consolidados y estándares de cumplimiento de proveedores ampliamente reconocidos en el sector. Los casos de esta naturaleza, promovidos contra empresas con programas ESG consolidados y compromisos reconocidos en materia de cadena de suministro, ilustran un desafío estructural que el campo de Business and Human Rights ha identificado desde hace tiempo: la potencial brecha entre el diseño formal de los programas de diligencia debida y su eficacia real cuando se producen alegadas violaciones en la cadena de suministro.

Esa brecha entre la comunicación pública y la realidad alegada por los demandantes es el núcleo del nuevo riesgo legal al que se enfrentan las empresas en Europa: el social washing como causa de acción ante los tribunales ordinarios, bajo derecho de consumo, accionable no solo por reguladores sino por ciudadanos individuales.²

El contexto regulatorio y litigioso en Europa

El caso Levi's se inscribe en una tendencia más amplia que está convirtiendo a Europa en el epicentro de la litigación corporativa relacionada con derechos humanos y sostenibilidad. Es importante distinguir dos categorías dentro de esta tendencia: la litigación por incumplimiento procedimental de las obligaciones de diligencia debida, como el caso La Poste, y la litigación por alegadas violaciones sustantivas de derechos humanos, como los casos BHP o el propio caso Levi's. Ambas categorías generan riesgo legal para las empresas, aunque por vías distintas. Entre los desarrollos más relevantes:

• Francia · Primera indemnización bajo la Loi de Vigilance: el 12 de marzo de 2026, la sala 34ª civil del Tribunal Judiciaire de París declaró que Laboratoires de Biologie Végétale Yves Rocher había incumplido su deber de vigilancia y la condenó a indemnizar a seis antiguos trabajadores de su filial turca (8.000 euros a cada uno), al sindicato Petrol-İş (40.000 euros) y con daños simbólicos a las ONG demandantes.¹⁶ Es la primera resolución que concede indemnización al amparo de la ley de 2017 y la primera que la aplica a conductas producidas fuera del territorio francés, considerándola ley de policía conforme al artículo 16 del Reglamento Roma II en lugar del derecho turco.¹⁷ Los planes de vigilancia de 2017 y 2018 de la empresa abordaban los riesgos de proveedores y subcontratistas sin establecer metodología alguna para los riesgos de las filiales, deficiencia que el tribunal consideró constitutiva de culpa; fundamentó su razonamiento en los Principios Rectores 24 y 25, los artículos 21 y 22 del PIDCP, el artículo 8 del PIDESC y los Convenios 87 y 98 de la OIT, todos ellos recogidos en el Anexo de la CS3D.¹⁶ El tribunal rechazó además el argumento de que la CS3D hubiera quedado superada por la Directiva Ómnibus, al entender que los regímenes nacionales de responsabilidad civil no resultan afectados y que únicamente se abandonó su armonización.^16,18 La resolución está sujeta a ejecución provisional; conviene verificar su estado procesal antes de invocarla.
• Francia · La Poste: el 17 de junio de 2025, la Cour d'appel de París confirmó íntegramente la primera resolución sobre el fondo dictada al amparo de esta ley, declarando el incumplimiento por La Poste de su deber de vigilancia.⁸ El objeto del procedimiento fue el plan en sí: el tribunal calificó el plan de vigilance de 2021 de excesivamente genérico e incumplidor de los requisitos del artículo L.225-102-4 del Code de commerce.⁹ El litigio versó sobre la suficiencia del plan, y no se sometió al tribunal ninguna alegación de violaciones de derechos humanos en proveedores. Se encuentran activos, entre otros, litigios contra TotalEnergies y Carrefour.
• Reino Unido · caso BHP / presa Fundão: el 14 de noviembre de 2025, el High Court of Justice inglés declaró la responsabilidad de BHP por el colapso de la presa Fundão (Brasil, 2015), bajo derecho ambiental y civil brasileño, en una acción colectiva valorada en hasta £36.000 millones.¹⁰ Es la primera vez que un tribunal británico declara la responsabilidad de una empresa matriz por los actos de una filial extranjera en este contexto.¹¹ En enero de 2026, el tribunal denegó la solicitud de BHP de recurrir la sentencia; en mayo de 2026, el Court of Appeal cerró las vías ordinarias de apelación.¹² El caso pasa a la fase de cuantificación de daños, prevista para octubre de 2026. Prosiguen asimismo los casos contra Shell y Dyson.
• Alemania · LkSG: en mayo de 2024, BİRTEK-SEN presentó una reclamación formal ante las autoridades alemanas contra Levi's, Hugo Boss e Inditex en relación con los mismos hechos de Özak Tekstil.⁶ La implicación simultánea de varias empresas del sector en relación con un mismo proveedor y una misma región geográfica es indicativa de un riesgo sistémico que trasciende la gestión individual de cada empresa: apunta a una estructura de cadena de suministro en la que las condiciones de producción presentan vulnerabilidades estructurales que ningún comprador puede gestionar de forma aislada.
• CS3D post-Ómnibus (UE): la Directiva sobre Diligencia Debida en materia de Sostenibilidad Corporativa (Directiva (UE) 2024/1760), modificada por el paquete Ómnibus I (Directiva (UE) 2026/470), aprobado el 24 de febrero de 2026, mantiene obligaciones de diligencia debida en derechos humanos y medio ambiente para grandes empresas con actividad en el mercado de la UE. La directiva modificada estrecha el ámbito de aplicación a las empresas de la UE con más de 5.000 empleados y una cifra neta de negocios mundial superior a 1.500 millones de euros; las empresas de terceros países quedan comprendidas cuando generan una cifra neta de negocios superior a 1.500 millones de euros dentro de la UE, sin que se exija umbral de plantilla. El plazo de transposición para los Estados miembros se aplaza al 26 de julio de 2028, y las empresas incluidas en el ámbito de aplicación deberán cumplir a partir del 26 de julio de 2029.¹³

Cinco lecciones prácticas para las empresas

• La coherencia entre comunicación y conducta es hoy un riesgo legal, no solo reputacional. Las declaraciones públicas sobre derechos laborales, ya sea en web, etiquetado, publicidad o informes de sostenibilidad, pueden fundar acciones judiciales si existe evidencia de que no reflejan la situación real en la cadena de suministro. Es necesario auditar periódicamente si las comunicaciones externas son sostenibles a la luz de lo que ocurre en proveedores de primer y segundo nivel.
• Mantener una relación comercial con un proveedor en incumplimiento requiere análisis jurídico previo y documentación rigurosa. La decisión de continuar con un proveedor condicionada a un plan de remediación, sin remediar el daño ya causado a las personas afectadas, genera una posición jurídica que debe estar respaldada por asesoramiento legal desde el momento en que el incumplimiento es conocido.
• Los planes de remediación deben centrarse en las personas afectadas, no solo en los procesos. Los estándares internacionales (UNGPs,¹⁴ Directrices de la OCDE¹⁵) establecen que la remediación efectiva debe ser proporcional al daño causado y orientada a quienes lo han sufrido. Un plan que no contempla la reintegración de trabajadores despedidos ni establece métricas verificables de progreso difícilmente resistirá el escrutinio judicial o regulatorio.
• La retirada reactiva de declaraciones no cierra el riesgo. Una vez que una potencial brecha alegada entre comunicación y realidad llega a procedimientos judiciales, la respuesta reactiva tiene valor limitado. La gestión preventiva, consistente en revisar periódicamente las declaraciones públicas frente a la situación verificada en la cadena de suministro, es significativamente más eficaz y menos costosa.^2,3
• La libertad sindical y de asociación es el derecho laboral con mayor exposición litigiosa en Europa en este momento. Los marcos regulatorios europeos, incluida la CS3D,¹³ identifican este derecho como área de atención prioritaria. Las empresas con proveedores en mercados donde este derecho enfrenta riesgos estructurales deben incorporarlo de forma explícita en sus evaluaciones de impacto en derechos humanos (HRIAs) y en sus planes de acción de proveedor.

Posición de Levi's

Levi Strauss & Co. ha señalado en declaraciones públicas que mantiene un compromiso de larga data con entornos de trabajo seguros y productivos, y que toma muy en serio cualquier alegación que afecte a la libertad de asociación. La empresa ha cuestionado explícitamente las conclusiones del informe del WRC, alegando que el documento contiene "omisiones y errores" y que no refleja con precisión los hechos ocurridos en Şanlıurfa.⁷ Levi Strauss & Co. mantiene expresamente que no ha violado sus propias políticas internas en relación con los eventos de Özak Tekstil.